El Gobierno español ha sometido a audiencia pública el texto de una regularización extraordinaria para integrar a extranjeros que ya residen en España. Esta medida surge a raíz de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que contó con más de 600.000 firmas, buscando combatir la irregularidad laboral, mejorar las condiciones de trabajo y fomentar la inclusión social de estas personas. La iniciativa es especialmente bien recibida por el sector agrícola, que la considera fundamental para paliar la falta de mano de obra en el campo.
Frente a las críticas de partidos como el PP y Vox, que cuestionan la medida y alegan que podría «alterar el censo», la Comisión Europea ha clarificado que la regularización de migrantes es competencia exclusiva de cada Estado miembro. Los defensores de la medida argumentan que se trata de formalizar la situación de personas que ya forman parte de la sociedad, muchas de ellas ya empadronadas, permitiéndoles contribuir plenamente a la economía a través del trabajo legal y el pago de impuestos, lo que contrarresta la desinformación sobre sus efectos.