España ha iniciado un proceso de regularización de migrantes, una medida que la distingue de la postura de otros países europeos. Esta iniciativa genera reacciones diversas: mientras que para los trabajadores sociales y los propios migrantes tener «papeles» representa un cambio «brutal» y una oportunidad de «volver a nacer» con dignidad y derechos, la propuesta de regularización del gobierno de Pedro Sánchez enfrenta un rechazo mayoritario en la opinión pública.
Incluso dentro de las bases de los partidos que apoyan la medida, como el PSOE y Sumar, hay un sector considerable de votantes que no la ve con buenos ojos. Desde la oposición, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha expresado preocupaciones sobre un posible «engorde» del censo, aunque otros medios refutan esa terminología y la califican como una «ampliación». Algunos análisis críticos sugieren que esta regularización extraordinaria podría ser una solución puntual que, en realidad, encubre una falta de una política migratoria integral y bien definida a largo plazo.