El Tribunal Supremo ha ratificado la condena a dos años de prisión impuesta a un ex alto cargo de la administración autonómica por un delito de prevaricación administrativa cometido en 2021. La sentencia concluye que el acusado adjudicó de forma irregular varios contratos públicos a empresas vinculadas a su entorno personal, eludiendo los procedimientos de licitación y concurrencia establecidos por la normativa vigente para favorecer intereses particulares.

El fallo del alto tribunal confirma que el procesado utilizó su posición jerárquica para fraccionar contratos con el fin de evitar los controles de fiscalización necesarios, causando un perjuicio a las arcas públicas. Además de la pena privativa de libertad, se mantiene la inhabilitación especial para el ejercicio de cargo público durante un periodo de seis años, cerrando así el proceso judicial iniciado tras la denuncia interpuesta por el Ministerio Fiscal hace tres años.

fuente: https://www.elmundo.es/espana/2026/06/13/6a2daec6e9cf4abc088b45ae.html