El gobierno español ha abierto una consulta pública sobre los criterios de interés general afectados por la operación de adquisición del Banco Sabadell por parte de BBVA, generando fuertes dudas legales sobre la capacidad del gobierno para frenar la OPA. Mientras algunos ven la consulta como una ocurrencia gubernamental para retrasar o bloquear la operación, otros la justifican como una forma de proteger el interés público. La situación ha generado debate político, con el presidente Sánchez siendo criticado por consultar a la ciudadanía sobre aspectos técnicos de la OPA, mientras que el CEO del Sabadell defiende la necesidad de acuerdos políticos para grandes reformas. La controversia gira en torno a la legalidad de la intervención del gobierno y el impacto potencial en el sector financiero español.